Razones por las que el Estado debe finaciar la Educación Superior

Esta nota reflexiona sobre las razones por las que se debe aumentar el presupuesto destinado a la Educación Superior para defender la Universidad Pública.
Hoy después de muchas idas y vueltas, y a pesar de enfrentar constantemente embates en contra desde hace años; el sistema de educación superior, principalmente el universitario, es para nuestro país un bien social generador de beneficios colectivos desde que el mismo adopta los preceptos de la reforma universitaria de 1918, que se inicia de la mano de los estudiantes en la medieval y teológica Universidad de Córdoba. Siendo los principios de la reforma fundamental para el desarrollo nuestra sociedad, ya que su accionar se ve plasmado primordialmente en la generación de conocimientos científicos e innovación tecnológica que tienen efectos multiplicadores sobre el ingreso, el empleo y la cultura.
Igualmente, aunque en los últimos años se ha incrementado el presupuesto para la educación en general y no ha sido tan vapuleada como en la década de los 90', seguimos con dificultades de financiamiento en las Universidades Nacionales, y unos pocos vuelven a sugerir que la única alternativa para esto es el arancel, sin tener en cuenta que la propuesta de arancel en las Universidades forma parte de un modelo educativo retrógrado, basado en las políticas de desmantelamiento del Estado. Esto quiere decir que el Estado no garantiza la educación para todos sino que la dirige hacia los que se encuentran en mejores condiciones económicas; transformandose de esta forma la educación en una mera mercancía sujeta a los vaivenes del mercado, dejando de ser un elemento fundamental para la construcción de un país sin ningún tipo de exclusión cultural, social, económica y educativa; este criterio economicista plantea imponer un modelo que estratifica la producción del conocimiento, sin tener en cuenta a la vez que el arancel en las Universidades Públicas dejaría fuera del sistema a un porcentaje muy importante de estudiantes.
El problema del financiamiento de las Universidades Nacionales es que la educación en general y, en particular la educación superior, han dejado de ser prioritarias a la hora de repartir el presupuesto desde hace muchos años en la Argentina. A esto le debemos agregar que la forma en que se financia el Estado es a través de un sistema tributario muy regresivo, por lo el realizan un esfuerzo tributario mayor los que tienen menos ingresos, que paradojicamente, son los que menos posibilidades tienen de acceder a la Universidad Pública. Esto último es utilizado por los sectores reaccionarios para justificar la implementación del arancel, lo cual resulta absurdo ya que lo único que se lograría sería expulsar a mas gente del sistema de educación superior, en lugar de proponer un cambio radical en el sistema tributario del Estado argentino, para pasar a un sistema de tributación más progresivo.
La propuesta del arancel significa un desentendimiento directo del Estado respecto a la educación pública y un abandono progresivo del financiamiento de las mismas; dejar la actividad educativa librada al mercado y a la competencia, de modo que sea la interacción de demandantes y oferentes de servicios educativos la que defina cuanta educación, con qué contenidos y criterios pedagógicos, estructurada de que manera y a qué precio debe ofrecerse tiene como fundamento que los mecanismos del mercado son intrínsecamente superiores a cualquier otra forma de coordinar u organizar racionalmente una sociedad.
Además, estas posturas rechazan el carácter de derecho social universal de la educación superior, prefiriendo enfatizar la libertad de elección individual, omitiendo que en la práctica no se cumplen las condiciones necesarias para el ejercicio del tal libertad, ya que si no apostamos a un modelo educativo integrativo, que se concatene con un proyecto de país, dicha libertad no estará nunca a nuestro alcance, ya que, para la construcción de una sociedad más justa y solidaria, seguiremos dependiendo de las recetas mágicas de los modelitos económicos neoliberales de moda.
Por estas razones se hace imprescindible seguir día a día en la defensa de la Universidad Pública y Gratuita, por parte de la comunidad educativa y la sociedad en general, teniendo en cuenta que la misma desde su seno y en su conjunto debe seguir promulgando la calidad académica, la formación científica, la investigación, la formación de profesionales comprometidos con la realidad, incrementar aun mas la extensión universitaria; y que el Estado, a través de los impuestos que paga la sociedad, debe incrementar las partidas presupuestarias para las Universidades Nacionales, y que no debe desentenderse basándose en supuestos problemas de presupuesto, que en realidad son una postura política que va en contra de la universidad pública y gratuita, para hacer de ella una universidad de mercado, una universidad excluyente.